
Los fenómenos naturales siempre hacen relucir las limitaciones que enfrentamos como país. Cuando hay sismos, fuertes lluvias o en el peor de los casos, huracanes, la comunicación por vía telefónica convencional y celular se ve afectada.
Hasta hoy, por lo que estoy enterado, curiosamente los mismos gobiernos municipales son los principales desinteresados en la ampliación del servicio celular en el país. Quizás sea por falta de explicación técnica, científica, económica y social, de parte de las compañías telefónicas que operan en el país, no obstante, la falta de beligerancia de las alcaldías es notoria en este aspecto.
Las nuevas tecnologías y las telecomunicaciones son rubros que los municipios deberían explotar a más no poder. Los alcaldes y concejales deben conocer las ventajas y vencer el miedo ante los rumores de daño físico, producido por las antenas para celulares, pues este es uno de los principales motivos por los que en Nicaragua no hay una red estable y confiable capaz de aguantar una crisis producida por la naturaleza. Con el reciente huracán Félix, las comunicaciones sufrieron serios daños y eso pone en perspectivas que siempre es necesario tener las suficientes condiciones para enfrentar fenómenos como este.
Nicaragua necesita una red celular que proteja con garantía a los ciudadanos en caso de desastre natural. Los celulares se han convertido en la forma de comunicación elegida por la gran mayoría de la población.
Lejos de la moda, los celulares juegan un papel central en las economías emergentes. En la actualidad utilizan esta tecnología desde el cirujano hasta el albañil. Esto se debe en gran medida a la accesibilidad del servicio, lo que ha logrado que su uso sea incluso muy difundido en hogares de escasos recursos.
La telefonía celular permite realizar llamadas de emergencia y acerca en tiempo y espacio a las personas sin importar la distancia. Se pueden enviar mensajes de texto y tener acceso a navegar por internet. Es de fácil acceso para personas con capacidades diferentes, ahorra tiempo y dinero en la comunicación interpersonal e institucional.
En fin, la telefonía celular, por ser móvil, permite tener comunicación en todo momento, establece la integración social, seguridad, productividad, desarrollo económico, calidad de vida y muchos otros beneficios.
Las empresas en general realizan en Nicaragua importantes inversiones en infraestructura y centros de atención a clientes, y para que la telefonía llegue a cada uno de sus usuarios, las compañías telefónicas deben construir y operar redes cuya infraestructura está conformada esencialmente por antenas.
Sin las antenas, satisfacer la demanda de conectividad y tener a los clientes comunicados, resultaría difícil. Por todo lo antes planteado, es que tanto el Gobierno Central, los gobiernos municipales y los partidos políticos a través de sus diputados en la Asamblea Nacional deben facilitar las condiciones para que este sector avance y los beneficios redunden igualmente en la sociedad.
Si en Nicaragua existen normas concretas que regulan la instalación de antenas y las radiaciones no ionizantes, así como la protección a los habitantes, y son cumplidas responsablemente por los operadores y verificadas por la autoridad de control, no debería haber mayores barreras para la ampliación de las antenas celulares.
Hasta hoy, por lo que estoy enterado, curiosamente los mismos gobiernos municipales son los principales desinteresados en la ampliación del servicio celular en el país. Quizás sea por falta de explicación técnica, científica, económica y social, de parte de las compañías telefónicas que operan en el país, no obstante, la falta de beligerancia de las alcaldías es notoria en este aspecto.
Las nuevas tecnologías y las telecomunicaciones son rubros que los municipios deberían explotar a más no poder. Los alcaldes y concejales deben conocer las ventajas y vencer el miedo ante los rumores de daño físico, producido por las antenas para celulares, pues este es uno de los principales motivos por los que en Nicaragua no hay una red estable y confiable capaz de aguantar una crisis producida por la naturaleza. Con el reciente huracán Félix, las comunicaciones sufrieron serios daños y eso pone en perspectivas que siempre es necesario tener las suficientes condiciones para enfrentar fenómenos como este.
Nicaragua necesita una red celular que proteja con garantía a los ciudadanos en caso de desastre natural. Los celulares se han convertido en la forma de comunicación elegida por la gran mayoría de la población.
Lejos de la moda, los celulares juegan un papel central en las economías emergentes. En la actualidad utilizan esta tecnología desde el cirujano hasta el albañil. Esto se debe en gran medida a la accesibilidad del servicio, lo que ha logrado que su uso sea incluso muy difundido en hogares de escasos recursos.
La telefonía celular permite realizar llamadas de emergencia y acerca en tiempo y espacio a las personas sin importar la distancia. Se pueden enviar mensajes de texto y tener acceso a navegar por internet. Es de fácil acceso para personas con capacidades diferentes, ahorra tiempo y dinero en la comunicación interpersonal e institucional.
En fin, la telefonía celular, por ser móvil, permite tener comunicación en todo momento, establece la integración social, seguridad, productividad, desarrollo económico, calidad de vida y muchos otros beneficios.
Las empresas en general realizan en Nicaragua importantes inversiones en infraestructura y centros de atención a clientes, y para que la telefonía llegue a cada uno de sus usuarios, las compañías telefónicas deben construir y operar redes cuya infraestructura está conformada esencialmente por antenas.
Sin las antenas, satisfacer la demanda de conectividad y tener a los clientes comunicados, resultaría difícil. Por todo lo antes planteado, es que tanto el Gobierno Central, los gobiernos municipales y los partidos políticos a través de sus diputados en la Asamblea Nacional deben facilitar las condiciones para que este sector avance y los beneficios redunden igualmente en la sociedad.
Si en Nicaragua existen normas concretas que regulan la instalación de antenas y las radiaciones no ionizantes, así como la protección a los habitantes, y son cumplidas responsablemente por los operadores y verificadas por la autoridad de control, no debería haber mayores barreras para la ampliación de las antenas celulares.